Boletín Mensual del Aguán - Mayo de 2026
Nuevas amenazas contra los movimientos campesinos surgen después de la masacre de Rigores
Personas se movilizan durante la “Caminata de Oración por la Paz y Justicia” liderada por la Iglesia Católica. (Crédito fotográfico: Diario Colón).
Tocoa, Colón.– En la mañana del 21 de mayo, más de veinte hombres, mujeres, y niños fueron asesinados por hombres portando armas de grueso calibre en la comunidad de Rigores, Trujillo. Los medios de comunicación restaron importancia a la matanza ocurrida en las comunidades de Rigores y Panamá, calificándola como un conflicto entre grupos campesinos. En respuesta, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), junto con otras organizaciones populares, organizaron una rueda de prensa para condenar esta versión de los hechos y exigir justicia y seguridad pública para las comunidades campesinas. En medio del duelo, las comunidades se despertaron ante una nueva reforma denominada Decreto Legislativo 84-2026 que amenaza el derecho a la movilización social y política.
A principios de este mes, los grupos campesinos dieron inicio al Día Internacional de los Trabajadores con una movilización masiva. El acto no estuvo exento de complicaciones, ya que los participantes sufrieron acoso por parte de grupos criminales y de funcionarios del Gobierno. No obstante, los participantes marcharon en defensa de los derechos de los trabajadores y en busca de justicia para Juan López. También se produjo un avance importante en el caso del asesinato de Juan López. Se detuvo a tres personas, entre ellas el presunto autor intelectual del asesinato, el exalcalde Adán Funez. Por último, tras años de trabajo, la escuela Carlos Escaleras Mejía, que atiende a los niños de las cooperativas Chile, Tranvío y Camarones, obtuvo la acreditación del Estado de Honduras.
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Día Internacional de Los Trabajadores: El primero de mayo fue marcado por una movilización masiva con el propósito de exigir mejores derechos laborales y ambientales. También criticaron las políticas públicas del actual gobierno y exigieron justicia para el ambientalista, Juan López. Durante la movilización, las cooperativas campesinas, organizaciones sociales y sindicatos enfrentaron obstáculos. Transportes de dirigentes gremiales y equipos de sonido fueron interceptados por fuerzas policiales. En Yoro, la coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores de Campo, Lilian Borgas, fue amenazada de muerte directamente por un grupo criminal. Aún así, participantes y organizadores se mantuvieron en protesta.
Denuncian al gobierno de Nasry Asfura por no permitir equipo de sonido en movilización. (Crédito fotográfico: Diario Colón).
Oficializan la Escuela Carlos Escaleras Mejía: El 5 de mayo, la Escuela Carlos Escaleras Mejía se oficializó, cuyo centro educativo atenderá a 169 alumnos quienes vienen de las cooperativas Tranvio, El Chile y Camarones. La escuela se pudo crear gracias a la Plataforma Agraria, las cooperativas, los maestros, y padres de familia. Actualmente, ofrece clases a estudiantes de kinder hasta el sexto grado, muchos de los cuales habían estado fuera del sistema educativo.
Oficializan la Escuela Carlos Escaleras Mejia. (Crédito fotográfico: Radio Popular del Aguán.)
Captura y audiencia inicial contra autores intelectuales: El 12 de mayo, el ex-alcalde de Tocoa Adán Fúnez fue detenido y capturado por involucramiento en el asesinato del ambientalista, Juan Lopez. Tras ser detenido dentro una vivienda por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Fúnez fue trasladado a La Ceiba, Atlántida. La ATIC también arrestó a otros dos hombres – Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramos Gallegos – como supuestos autores intelectuales del crimen. En una conferencia de prensa, el Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa resaltó el llanto por justicia que ha exigido las comunidades de Tocoa desde el asesinato de Juan Lopez en el 2024. El 15 de mayo, se dio la audiencia inicial en el Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en contra de las tres personas imputadas, donde la jueza dictó auto formal de procesamiento con medida de prisión preventiva.
Massacre in Rigores, Trujillo: El 21 de mayo, durante la madrugada, más de 20 hombres, mujeres y niños fueron víctimas de una masacre en Rigores, Trujillo. Las 24 víctimas principalmente pertenecían a las comunidades de Rigores y Panamá – dos aldeas que han sufrido constante terror por parte de dos grupos criminales, como ser el Grupo del 8 y Los Canechos. La mayoría de las víctimas eran miembros del Movimiento Campesino de Rigores, Trujillo, y varios habían denunciado a la Policía Nacional como responsables de incitar violencia en la comunidad de Rigores. Pese a las declaraciones de las víctimas señalando a miembros de la Policía Nacional, el Ministro de Seguridad Gerson Velasquez responsabilizó a las organizaciones campesinas – quienes reivindican el derecho a la tierra – de la masacre. La Plataforma Agraria desmintió esta narrativa que pretende criminalizar al movimiento campesino y desviar la atención de los hechos denunciados por las propias víctimas.
Familiares entierran a sus seres queridos, víctimas de la masacre en Rigores. (Crédito fotográfico: Diario Colón).
La Plataforma también denunció que el ejército había facilitado la entrega de tierras en el pasado, incluyendo la zona de la masacre, a grupos criminales y ayudó a la Corporación Dinant a sostener la tenencia ilegítima de tierras. El 27 de mayo, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) – en una reunión con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Ministra de Derechos Humanos – destacó la necesidad de una investigación exhaustiva sobre los hechos de la masacre del 21 de mayo en Rigores, Trujillo, incluyendo las estructuras criminales que están detrás. Asimismo, pidieron la intervención de fuerzas de seguridad pública capacitadas para proteger la población con veeduría internacional. El 29 de mayo, la Iglesia Católica realizó una “Caminata de Oración por la Paz y Justicia” en solidaridad con las familias de las víctimas
El obispo Jenry Ruiz acompaña a familiares de las víctimas en la “Caminata de Oración por la Paz y la Justicia”. (Crédito fotográfico: Diario Colón.)
Criminalización al sector campesino: El 28 de mayo, representantes de COPA, la Plataforma Agraria, y la Alianza Campesina, Indígena, y Popular de Honduras (ACAINP) presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema un Recurso de Inconstitucionalidad contra el Decreto 84-2026. La reforma es amplia e imprecisa, de tal manera que las autoridades lo podrían invocar para criminalizar la labor legítima en materia de derechos humanos que realizan las organizaciones sociales, indígenas y campesinas. Además, organizaciones populares critican el momento elegido y los esfuerzos por aprobar la reforma, cuando aún no se había anunciado ninguna investigación oficial sobre la masacre del 21 de mayo en Rigores, Trujillo. El obispo, Jenry Ruiz, se pronunció en contra del Decreto 84-2026 notando que la aprobación de dicha ley es “traición a la patria y a los intereses del pueblo hondureño” ya que legaliza el régimen de privilegios para las grandes agroindustriales.
Integrantes de ACAINP presentan recurso de inconstitucionalidad. (Crédito fotográfico: Plataforma Agraria).
Contexto Histórico
En la década de 1990, las medidas de ajuste estructural impulsadas por el Banco Mundial transformaron la región del Bajo Aguán, en el noreste de Honduras, lo que antes era una de las principales fuentes de frutas, verduras y cereales básicos del país en un monocultivo de aceite de palma africana destinado a la exportación a los insaciables mercados del Norte Global. En el transcurso de este proceso, miles de campesinos fueron despojados de sus fincas para dar paso a plantaciones masivas de palma, propiedad de unas cuantas familias pertenecientes a la élite hondureña.
Desde entonces, las cooperativas campesinas han llevado a cabo una lucha de varias décadas para recuperar sus tierras, sufriendo como resultado una violenta represión por parte de entidades empresariales y estatales. El periodo inmediatamente posterior al golpe de estado de 2009 fue especialmente brutal, cobrándose la vida de aproximadamente 150 campesinos en 2014. En los últimos años, muchos más han sido asesinados, desaparecidos y criminalizados. La gran mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad.
