Boletín Mensual del Aguán - Agosto de 2026
Batallas legales y represión estatal contra los movimientos populares
Tocoa, Colon. En agosto de 2026, cooperativas campesinas y organizaciones aliadas continuaron su lucha legal y política contra poderosos intereses agroindustriales y abusos estatales. Veinticuatro cooperativas presentaron acciones de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la Sala de lo Constitucional impugnando la recién promulgada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial (Decreto No. 107-2026). Unas semanas después, la Plataforma Agraria, junto con otras organizaciones, entregaron 21 recursos de inconstitucionalidad contra la misma ley. Paralelamente, los tribunales liberaron a los presuntos autores intelectuales del asesinato de Juan López, otorgándoles arresto domiciliario en el mismo barrio donde reside su familia.
Este mes también se dictó una nueva orden de desalojo contra el grupo del crimen organizado Los Cachos. Esta es la cuarta orden de este tipo, después de que las tres anteriores no se hicieran cumplir. Una manifestación pacífica ante el Instituto Nacional Agrario (INA) fue reprimida con gases lacrimógenos por parte de la policía antimotines enviada por el director del INA, lo que provocó que la Plataforma Agraria pidiera la destitución del director. Por otra parte, una investigación de ContraCorriente reveló que Lenir Pérez, un empresario implicado en delitos contra los defensores medioambientales de Guapinol, ha aportado al menos 200,000 dólares a comités de acción política (PACs - political action committees) republicanos en Estados Unidos.
Últimas Noticias
Acción de amparo presentada ante la Sala de lo Constitucional: El 4 de agosto, veinticuatro cooperativas y empresas cooperativas presentaron acciones individuales de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la Sala de lo Constitucional. La acción solicita que el tribunal limite la aplicación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras (Decreto No. 107-2026) y actúe para prevenir el desplazamiento forzoso, la criminalización y la persecución de comunidades y organizaciones campesinas.
Protesta ante el Juzgado de Trujillo: El 13 de agosto, la Plataforma Agraria organizó una protesta ante el juzgado de Trujillo y presentó excepciones procesales en dos casos de criminalización que involucran a miembros de las cooperativas Trinidad y Remolino. La Plataforma Agraria acusó a los fiscales y jueces de Trujillo de colaborar con grandes terratenientes para intimidar a los defensores de la tierra mediante la presentación de cargos penales falsos en su contra.
Presuntos autores intelectuales del asesinato de Juan Lopez liberados bajo arresto domiciliario: En agosto, un juez liberó a los presuntos autores intelectuales del asesinato de Juan Lopez de la prisión preventiva. Adan Funez, Juan Angel Ramos Gallegos y Hector Eduardo Mendez se encuentran ahora bajo arresto domiciliario, y Ramos Gallegos y Adan Funes residen en la misma colonia que la familia de Juan Lopez. El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos denunció que esta decisión pone en riesgo a la familia de Juan Lopez, a los defensores ambientales y otras investigaciones penales. El Comité instó a la corte de apelaciones a revocar estas decisiones.
Juez ordena el desalojo de Los Cachos: El 12 de agosto, un juez nacional ordenó el desalojo del grupo del crimen organizado Los Cachos de la finca Camarones. El 24 de diciembre de 2024, Los Cachos desplazó violentamente a los cientos de familias que vivían en la finca Camarones y tomó posesión de las tierras. No es la primera vez que se ordena el desalojo. La Plataforma Agraria señaló que tres órdenes de desalojo anteriores no llegaron a ejecutarse. Instó al Estado de Honduras a desmantelar y llevar a la justicia a los grupos del crimen organizado en el Bajo Aguán.
Otra oposición a la nueva ley que protege al sector agroindustrial: El 24 de agosto, la Plataforma Agraria y otras organizaciones presentaron 21 recursos de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional contra la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras (Decreto N.º 107-2026).
Protesta pacífica reprimida violentamente: El 25 de agosto, la Plataforma Agraria realizó una protesta pacífica frente a las oficinas del Instituto Nacional Agrario (INA). En lugar de atender las preocupaciones de la organización, el director del INA envió a la policía antimotines que lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes. La Plataforma Agraria ha pedido la destitución del director del INA, Javier Talavera.
Donaciones de Lenir Perez a congresistas estadounidenses: El 26 de agosto, ContraCorriente informó que Lenir Perez, un hombre implicado en crímenes cometidos contra defensores ambientales de Guapinol, ha contribuido al menos $200,000 dólares a comités de acción política (PACs - political action committees) republicanos. Los principales beneficiarios son la congresista María Elvira Salazar y el Freedom Force PAC que ella dirige.
Cobertura de Noticias Reciente
Cassandra van Douveren, ‘Danger no longer only comes from the hitmen, but from the state’: the Honduran farmers labelled terrorists for protecting their land, The Guardian (3 de agosto de 2026)
Cristian J. Padilla Romero, A Rightward Turn in Honduras Puts Land Defenders at Risk, NACLA (25 de agosto de 2026)
Contexto Histórico
En la década de 1990, las medidas de ajuste estructural impulsadas por el Banco Mundial transformaron la región del Bajo Aguán, en el noreste de Honduras, lo que antes era una de las principales fuentes de frutas, verduras y cereales básicos del país en un monocultivo de aceite de palma africana destinado a la exportación a los insaciables mercados del Norte Global. En el transcurso de este proceso, miles de campesinos fueron despojados de sus fincas para dar paso a plantaciones masivas de palma, propiedad de unas cuantas familias pertenecientes a la élite hondureña.
Desde entonces, las cooperativas campesinas han llevado a cabo una lucha de varias décadas para recuperar sus tierras, sufriendo como resultado una violenta represión por parte de entidades empresariales y estatales. El periodo inmediatamente posterior al golpe de estado de 2009 fue especialmente brutal, cobrándose la vida de aproximadamente 150 campesinos en 2014. En los últimos años, muchos más han sido asesinados, desaparecidos y criminalizados. La gran mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad.
