Boletín Mensual del Aguán - Junio-Julio de 2026
Amenazas legislativas, resistencia popular y violencia continua en el Bajo Aguán
Tocoa, Colón. Durante los meses de junio y julio, el Congreso Nacional aprobó la “Ley para el Fortalecimiento y la Protección del Sector Agroindustrial”, una ley que podría poner aún más en riesgo a las comunidades campesinas e indígenas del país. Una amplia coalición de organizaciones se movilizó contra la ley durante estos meses y presentó impugnaciones legales. Durante estos meses también se produjeron detenciones en la investigación de la masacre de Rigores, se aplazó el juicio de los autores materiales del asesinato de Juan Lopez y se produjeron movilizaciones adicionales contra un serie de leyes que se espera que criminalice la protesta y facilite el despojo. El 22 de junio, el líder campesino Oscar Amilcar Alvarado Velasquez fue asesinado. El 26 de junio, el conocido líder del crimen organizado Celio Rodriguez fue detenido en relación con el asesinato de cuatro personas.
Noticias Destacadas
El Congreso aprueba una ley que privilegia al sector agroindustrial: El 1 de junio, una coalición de grupos de base y de la sociedad civil denunció que el Congreso Nacional estaba considerando un proyecto de ley titulado “Ley para el Fortalecimiento y la Protección del Sector Agroindustrial de Honduras”. La coalición advirtió que la ley favorece inconstitucionalmente a las empresas agroindustriales en detrimento de los pequeños productores y las comunidades campesinas. Pone en riesgo los derechos sobre la tierra, las protecciones ambientales y el derecho a la participación democrática. También podría facilitar más violencia y despojo en el Bajo Aguán. El Congreso Nacional aprobó la ley el 4 de junio y amplió aún más sus protecciones a los sectores energético y turístico el 8 de junio. La industria ganadera también está protegida por la ley. Véase el análisis de CESPAD sobre la ley.
Detención de personas vinculadas con la masacre de Rigores: El 2 de junio, la Policía Nacional y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) detuvieron a una persona presuntamente involucrada en la masacre de unas veinte personas ocurrida el mes pasado en la comunidad de Rigores, ubicada en el municipio de Trujillo, Colón. El detenido ha sido identificado como Carlos Alexis Molina, alias “Gato Negro”, un exmilitar de 24 años, quien, por orden de un juez de jurisdicción nacional, permanecerá detencion judicial. Según se informa, Molina sirvió en las Fuerzas Especiales del ejército hondureño, 15.º Batallón, ubicado en Río Claro, Trujillo, Colón. El 5 de junio, la Policía Nacional realizó una segunda detención. El detenido fue identificado como William Izaguirre. Véase el artículo de CESPAD sobre la masacre.
Se aplaza el juicio contra los autores materiales del asesinato de Juan Lopez: El 11 de junio, medios de comunicación informaron que el juicio contra los autores materiales del asesinato del ambientalista Juan Lopez se aplazó para el período del 18 al 29 de enero de 2027. El tribunal aprobó el aplazamiento a solicitud del fiscal de Ministerio Público y los abogados de la acusación privada, quienes necesitaban más tiempo para revisar e incorporar pruebas. Otros tres, Adán Fúnez Martínez, Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, considerados los autores intelectuales del asesinato, tuvieron su audiencia inicial el 15 de mayo de 2026 donde les dicto auto de formal procesamiento.
La región se militariza tras la masacre de Rigores: El 15 de junio, medios de comunicación informaron que el gobierno hondureño había desplegado unidades militares, incluida la Fuerza de Tarea Conjunta XATRUCH, al Bajo Aguán para hacer frente a la actividad delictiva tras la masacre de Rigores. Los objetivos informados son proporcionar presencia de seguridad en Rigores y desmantelar la banda “Panameña”.
Se impugna la ley que privilegia al sector agroindustrial: El 16 de junio, una coalición de más de 217 organizaciones de base y de la sociedad civil presentó una acción preventiva de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar el Decreto No. 107-2026, “Ley para el Fortalecimiento y la Protección del Sector Agroindustrial de Honduras”. Las organizaciones advierten que la ley podría facilitar desalojos forzosos, aumentar la criminalización de los defensores de la tierra y del medio ambiente, y debilitar aún más las protecciones para las comunidades indígenas y campesinas.
Asesinato de un líder campesino: Oscar Amilcar Alvarado Velasquez, secretario de la Cooperativa Campesina Suyapa del Aguan, fue asesinado a tiros el 22 de junio aproximadamente a las 8:20 a.m. Tenía sesenta y seis años.
Publicación del informe sobre conflictos: El 23 de junio, el Observatorio de Conflictos Socioterritoriales de CESPAD publicó su informe anual de 2025. El informe documentó setenta y siete conflictos en trece departamentos. Señaló que el 20% de los conflictos documentados se encuentran en el departamento de Colón. La violencia asociada con las disputas por la tierra es responsable de cerca del 50% de los casos documentados.
Detienen a un presunto miembro del crimen organizado: El 26 de junio, el exmilitar Celio Bautista Rodriguez, de 46 años, fue detenido en relación con dos procesos penales vinculados con el asesinato de cuatro personas. La Plataforma Agrariainforma que, desde 2010, Bautista trabajó con miembros activos de la policía y el ejército hondureño para infiltrarse en el Movimiento Campesino Unificado del Aguan (MUCA), donde promovieron el asesinato de miembros y líderes de MUCA. Posteriormente, Bautista fundó una organización criminal de la que se sospecha que asesinó al presidente de MUCA, Jose Angel Flores, junto con Silmer George, el 18 de octubre de 2016. Se sospecha que Bautista tenía vínculos con las Fuerzas Especiales del ejército hondureño, el 15.º Batallón y las empresas agroindustriales de la región.
Congresista estadounidense se pronuncia sobre la masacre de Rigores: El 1 de julio, medios de comunicación informaron que la congresista estadounidense Rashida Tlaib propuso una enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act - NDAA) que habría exigido la suspensión de la ayuda a las fuerzas de seguridad hondureñas que resultaron involucradas en la masacre de Rigores. Véase también el artículo de ContraCorriente.
La ley que privilegia al sector agroindustrial vuelve a ser impugnada: El 1 de julio, una coalición de organizaciones de base y de la sociedad civil volvió a impugnar el Decreto No. 107-2026, “Ley para el Fortalecimiento y la Protección del Sector Agroindustrial de Honduras”, esta vez mediante una acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La acción solicitó además la suspensión inmediata de las disposiciones de la ley que autorizan los desalojos, mientras se resuelve la reclamación subyacente.
Arrestan a más personas vinculadas con la masacre de Rigores: El 7 de julio, la policía detuvo a siete personas sospechosas de pertenecer a la estructura criminal “Los Canechos” y de haber participado en la masacre de Rigores. Otro sospechoso murió en un enfrentamiento con la policía.
Empresa agroindustrial contamina cursos de agua vulnerables: El 7 de julio, un medio de comunicación informó que un cuerpo de agua ubicado en la comunidad de San Alejo, Tela, fue contaminado por una fuga química de la que es responsable la empresa agroindustrial Grupo Jaremar. Las autoridades gubernamentales informaron que la planta industrial de Grupo Jaremar se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas Fernandez, en una subzona designada para uso intensivo. El canal contaminado está conectado con el río San Alejo, que desemboca en la laguna de Micos, que es un ecosistema protegido. En virtud del Decreto No. 107-2026, “Ley para el Fortalecimiento y la Protección del Sector Agroindustrial de Honduras”, las empresas agroindustriales están exentas de ciertas protecciones y sanciones ambientales.
Arrestan a una integrante de una cooperativa: La policía nacional allanóel domicilio de Maria Hilda Martel y la detuvo, aunque la orden de detención era para otra persona. Martel es miembra de la Empresa Asociativa Campesina de Rigores, en Trujillo, y de la Red de Mujeres Campesinas del Aguán.
Día de Lempira y la Identidad Nacional: Organizaciones de base y de la sociedad civil se movilizaron el 20 de julio en conmemoración del Día de Lempira y la Identidad Nacional. Además, la Alianza Campesina, Indígena y Popular emitió un comunicado en el que reconoció la continuidad de un proyecto destinado a desplazar, criminalizar y perseguir la protesta social, y a impulsar proyectos agroindustriales extractivos. El comunicado expuso una serie de demandas, incluida la derogación del Decreto No. 107-2026, “Ley para el Fortalecimiento y la Protección del Sector Agroindustrial de Honduras”, y de otras leyes aprobadas recientemente.
La Corte Suprema admite la impugnación constitucional de la ley que reforma el delito de asociación terrorista: El 24 de julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Alianza Campesina, Indígena y Popular. La impugnación se refiere al Decreto 84-2026, una ley que reformó las leyes antiterroristas de Honduras e introdujo una definición ambiguo de terrorismo que podría interpretarse de modo que abarque formas de participación democrática protegidas por la Constitución. Para un análisis adicional de la reforma, véanse el artículo 1 y el artículo 2 de CESPAD sobre el tema.
Petición para destituir a congresistas: El 29 de julio, una coalición de organizaciones de base y de la sociedad civil realizó una protesta en el Congreso Nacional. Allí, la coalición presentó una petición, firmada por 14.000 personas, que solicitaba la destitución del presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano Molina, y de otros representantes del Congreso que fueron determinantes para la aprobación del Decreto No. 107-2026, “Ley para el Fortalecimiento y la Protección del Sector Agroindustrial de Honduras”.
Contexto Histórico
En la década de 1990, las medidas de ajuste estructural impulsadas por el Banco Mundial transformaron la región del Bajo Aguán, en el noreste de Honduras, lo que antes era una de las principales fuentes de frutas, verduras y cereales básicos del país en un monocultivo de aceite de palma africana destinado a la exportación a los insaciables mercados del Norte Global. En el transcurso de este proceso, miles de campesinos fueron despojados de sus fincas para dar paso a plantaciones masivas de palma, propiedad de unas cuantas familias pertenecientes a la élite hondureña.
Desde entonces, las cooperativas campesinas han llevado a cabo una lucha de varias décadas para recuperar sus tierras, sufriendo como resultado una violenta represión por parte de entidades empresariales y estatales. El periodo inmediatamente posterior al golpe de estado de 2009 fue especialmente brutal, cobrándose la vida de aproximadamente 150 campesinos en 2014. En los últimos años, muchos más han sido asesinados, desaparecidos y criminalizados. La gran mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad.
