Boletín Mensual del Aguán | Agosto/Septiembre de 2025
La justicia se retrasa en el Bajo Aguán
El 14 de septiembre, comunidades y organizaciones instalaron el Campamento Justicia para Juan López para honrar la vida y el legado de Juan, un año después de su asesinato. Esto ocurrió solo unos días después de que concluyera la audiencia preliminar contra los tres acusados de su asesinato, tras meses de retrasos. El 2 de septiembre, un juez dictaminó que existían pruebas suficientes para que el caso pasará a juicio oral y público. Los miembros de la comunidad y las organizaciones populares siguen denunciando que, un año después del asesinato de Juan, el Gobierno hondureño aún no ha identificado a los autores intelectuales.
Además, tras múltiples asesinatos de personas campesinas en el mes de julio, el gobierno finalmente tomó medidas durante los meses de agosto y septiembre contra los grupos criminales que impulsan violencia en la región. Sin embargo, el Gobierno no llegó a ejecutar una orden de desalojo contra «Los Cachos», un grupo armado que desde diciembre de 2024 ocupa una finca recuperada por la Cooperativa Camarones. La Plataforma Agraria denuncia que, desde hace meses, «Los Cachos» aterrorizan a las comunidades campesinas asentadas cerca de la finca Camarones con total impunidad por parte del Estado hondureño.
Justicia para Juan López, un año después
Estancamiento de la investigación sobre los autores intelectuales del asesinato: El 6 de agosto, una comisión encabezada por el obispo de Trujillo, Jenry Ruiz, el padre Ismael Moreno y otras personas se reunió con el fiscal general Johel Zelaya para discutir la falta de avances en el enjuiciamiento de los autores intelectuales del asesinato de Juan López. El padre Moreno informó que no estaba satisfecho con la reunión y que no lo estaría hasta que se hiciera justicia.
Juan López investigaba la corrupción antes de ser asesinado: El 18 de agosto, Contra Corriente publicó un artículo sobre la corrupción que Juan López investigaba en la alcaldía de Tocoa antes de su asesinato. El 15 de septiembre, Reporteros de Investigación también publicó un artículo en el que se analizaban los intereses políticos y económicos que podrían estar detrás del asesinato de Juan López.
Caso de autores materiales del asesinato de Juan: El 28 de agosto concluyó la audiencia preliminar contra los tres hombres acusados de haber asesinado a Juan López. Esto se produjo tras múltiples retrasos, el último de los cuales estuvo relacionado con un intento fallido del acusado Óscar Alexis Guardado Alvarenga de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y aceptar culpabilidad por medio de un procedimiento abreviado. El 2 de septiembre, el juez dictaminó que existían pruebas suficientes para llevar el caso a juicio, en el que cada acusado será juzgado por asesinato y asociación ilícita.
Campamento Justicia para Juan López: En conmemoración del primer aniversario del asesinato de Juan López, los miembros de la comunidad organizaron un campamento en Tocoa, Colón, del 8 al 15 de septiembre. Durante el campamento, IM-Defensoras denunció ataques e intimidación contra los integrantes del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos. El 14 de septiembre, las comunidades recordaron a Juan con un servicio religioso y otras actividades.
Miembros del Congreso de los Estados Unidos exigen justicia: El 12 de septiembre, los congresistas McGovern, Schakowsky y Ramírez enviaron una carta al secretario de Estado Marco Rubio solicitando que el Gobierno de los Estados Unidos apoyara esfuerzos para garantizar que se haga justicia por el asesinato de Juan López. Además, la representante Delia Ramírez presentó una resolución en la Cámara de Representantes el 15 de septiembre, en conmemoración del primer aniversario del asesinato. Vea sus comentarios en la Cámara de Representantes aquí.
ANÁLISIS
Juan López: Legado y justicia Serie de eventos virtuales (Guapinol Resiste)
«Somos de estos lugares», serie limitada (La Ilimitada)
Honduras: El legado de resistencia de Juan López en el Bajo Aguán (AraInfo)
Otras Noticias
El Ministerio Público confisca bienes de un grupo criminal: El 5 de agosto, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que detalla la confiscación de 67 bienes ilegales pertenecientes a un grupo criminal dedicado al lavado de dinero procedente del narcotráfico. Entre las personas vinculadas al grupo narcotraficante se encuentra Fredy Donaldo Mármol Vallejo, quien actualmente cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico. Una investigación de Contra Corriente reveló que Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, vendió una propiedad a la Pacific Corporation, presidida por Dionisio Mármol Chirinos. Mármol Chirinos está vinculado a Fredy Mármol.
Asesinato de un miembro del MUCA: El 11 de agosto fue asesinado Juan José Hernández Bardales, miembro del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Se trata de la tercera persona vinculada al MUCA asesinada en los últimos dos meses.
Aplazamiento del desalojo de un grupo criminal: El 25 de agosto, la Plataforma Agraria denunció que un juez nacional ha aplazado en dos ocasiones la ejecución de una orden de desalojo contra el grupo criminal «Los Cachos», que ocupa ilegalmente desde el 24 de diciembre de 2024 unas tierras recuperadas por la Cooperativa Camarones. Como resultado de la ocupación ilegal de los Cachos, 150 familias de la Cooperativa Camarones han sido desplazadas y las cooperativas cercanas viven en un estado de zozobra.
Auto de formal de procesamiento contra miembros de Los Cachos: Los días 1 y 2 de septiembre se celebró una audiencia inicial en la que dos miembros del grupo criminal «Los Cachos», Maicol Isaac Chinchilla y Lesli Filimón Escobar, fueron acusados del delito de desplazamiento forzado y asociación para delinquir. Chinchilla fue acusado además de privación ilegal de libertad y de causar lesiones graves. El juez dictó auto formal de procesamiento para los delitos de desplazamiento forzado para ambos, además de privación ilegal y lesiones graves para Chinchilla. Ambos recibieron sobreseimiento provisional por el delito de asociación para delinquir. Estas acusaciones están relacionadas con la violencia ejercida en contra de las cooperativas Camarones, Tranvio y El Chile durante los meses de diciembre 2024 a febrero 2025. Son la cuarta y quinta persona con auto formal de procesamiento por estos delitos.
Campaña de difamación contra personas campesinas: El 3 de septiembre, el vocero de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas, denunció una campaña de criminalización y desinformación en torno a la detención de miembros del grupo criminal «Los Chachos».
Organizaciones populares del Aguán reciben premio de derechos humanos: El 18 de septiembre, la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras reconoció a las personas defensoras de la tierra organizadas en la Plataforma Agraria, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) por su labor en defensa de los derechos fundamentales.
La Fiscalía exhuma los cuerpos de personas campesinas: En el mes de septiembre, la fiscalía regional del Bajo Aguán exhumó, como parte de investigaciones en curso, los cuerpos de cuatro personas que en vida fueron socios de cooperativas organizadas con la Plataforma Agraria. Los cuerpos exhumadas fueron de Ramón de Jesús Rivas Baquedano, Carlos Antonio Rivas, Douglas Alexander Pereira, y Juan José Hernández.
Contexto histórico
En la década de 1990, las medidas de ajuste estructural impulsadas por el Banco Mundial transformaron la región de Bajo Aguán, en el noreste de Honduras, de una de las principales fuentes de frutas, verduras y cereales básicos del país a un monocultivo de aceite de palma africana destinado a la exportación a los insaciables mercados del Norte Global. A lo largo de este proceso, miles de campesinos fueron despojados de sus fincas para dar paso a enormes plantaciones de palma, propiedad de un puñado de élites hondureñas.
Desde entonces, las cooperativas campesinas han librado una lucha de varias décadas para recuperar sus tierras, sufriendo como consecuencia una violenta represión por parte de entidades corporativas y estatales. El período inmediatamente posterior al golpe de Estado fue especialmente brutal, ya que se cobró la vida de aproximadamente 150 pequeños agricultores hasta 2014. En los últimos años, muchos más han sido asesinados, desaparecidos y criminalizados. La gran mayoría de estos delitos siguen impunes.