Los primeros cuatro meses: Una mirada a las políticas de la administración de Trump que impactan a Honduras
Resúmen Ejecutivo
Los primeros cuatro meses de la presidencia de Trump han trastocado la política habitual tanto a nivel nacional como internacional, ya que Trump trabaja agresivamente para subordinar al mundo a los objetivos de «America First» (la lógica de Estados Unidos primero). Aunque hasta ahora, Honduras ha escapado la atención directa de la Administración Trump, los objetivos generales de la política exterior de Estados Unidos están para tener repercusiones significativas y de gran alcance para Honduras y su población. Con respecto a defensores DDHH y quiénes participan en proyectos políticos de liberación, grandes cambios en Estados Unidos presentan nuevos riesgos y oportunidades afectando la eficacia de presentes tácticas y estrategias. Este informe es un pequeño intento de comenzar a dimensionar la situación emergente y sus implicaciones para las comunidades en resistencia en Honduras y más allá.
Los actores que dan forma a las políticas estadounidenses que afectan a los y las hondureñas son en su mayoría leales a Trump y muestran una marcada hostilidad hacia China y líderes de izquierda de América Latina. La región ocupa un lugar destacado en la lista de prioridades de la Administración Trump, con el nombramiento del latinoamericanista conservador Marco Rubio para el cargo más alto de la política exterior estadounidense, el de secretario de Estado. Otros nombramientos destacados son el de la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que, junto con el «zar de la frontera», Tom Homan, se encarga de aplicar las agresivas políticas antiinmigración de Donald Trump. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, están a cargo de la política económica igualmente agresiva.
Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Honduras han sido estables, pero distantes. El secretario de Estado Rubio notablemente omitió a Honduras en su visita de febrero a Centroamérica, donde negoció acuerdos en materia de inmigración con países vecinos. La Administración tampoco ha indicado planes inmediatos para sustituir a la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, que anunció su salida del país en abril. Esta notable distancia puede derivarse de las tensiones latentes entre los países, que en enero se manifestaron en la amenaza de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, de poner fin a la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos en caso de una expulsión masiva de hondureños de Estados Unidos. A pesar de ello, la relación sigue siendo estable, ya que la cooperación de seguridad entre los dos países continúa y el Estado hondureño está trabajando activamente para facilitar la expulsión de inmigrantes de Estados Unidos por parte de Trump.
Inmigración es la máxima prioridad de la Administración, que ha dedicado gran parte de sus primeros cuatro meses a «cerrar la frontera» y llevar a cabo el «programa con mayor cantidad de deportaciones» de la historia de Estados Unidos. Al tomar posesión, Trump ordenó la militarización de la frontera sur y la suspensión de vías humanitarias de admisión, lo que provocó una caída vertiginosa del número de hondureños y otros solicitantes de asilo llegando a la frontera. Al interior de Estados Unidos, la Administración Trump ha ampliado el alcance de sus poderes de deportación, llevando a cabo redadas del ICE en hogares, escuelas y lugares de trabajo, al tiempo que anima a miles de personas a auto deportarse. La deportación masiva de hondureños supondría un desastre económico y humanitario para Honduras, ya que se estima que 1,2 millones de hondureños viven en Estados Unidos y sus remesas representan más del 20 % del PIB hondureño. A pesar de los agresivos esfuerzos de la Administración Trump, la tasa de deportaciones desde el interior del país se ha mantenido hasta ahora en línea con las tasas de deportación de la Administración anterior.
La ayuda exterior ha sido históricamente un aspecto importante de las relaciones entre Estados Unidos y Honduras, siendo este el segundo mayor beneficiario de la ayuda al desarrollo de Estados Unidos en Centroamérica entre 2001 y 2024. La repentina congelación de fondos de toda la ayuda exterior por parte de la Administración Trump y el posterior desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) marcaron un cambio significativo en el enfoque diplomático de los Estados Unidos y dejaron sin financiación programas humanitarias vitales en Honduras. En su lugar, la Administración Trump está ampliando el papel de la inversión privada a través de la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos (DFC), lo que indica que dará prioridad a inversiones que amplíen la cadena de suministro de minerales críticos de los Estados Unidos. Esto supone una amenaza existencial para comunidades afectadas por la industria extractiva, que se ve agravada por la intención anunciada por la Administración de impulsar reformas a través del Banco Mundial y otros organismos multilaterales, que alejan a estas instituciones de la mitigación del cambio climático y las orientan hacia la inversión en energía y extracción de minerales.
El enfoque de la Administración Trump en materia de relaciones comerciales también ha afectado a Honduras, que en abril se vio impactada por un arancel del 10 %, junto con el resto del mundo, mientras que la guerra comercial emergente entre Estados Unidos y China, los dos principales socios comerciales de Honduras, amenaza aún más la economía hondureña. Con respecto a la cooperación en materia de seguridad, las relaciones históricamente estrechas entre Estados Unidos y Honduras se mantienen estables, pero podrían verse afectadas por la renovada guerra contra las drogas que el Gobierno de Trump declaró el 20 de febrero, lo que llevó a la Administración a designar a la MS-13 como organización terrorista extranjera. En virtud de esta designación, la Administración está autorizada, según leyes estadounidenses, a ampliar sanciones penales contra entidades que presten «apoyo material» a MS-13 y está autorizada a llevar a cabo ataques militares unilaterales contra MS-13 dondequiera que opere, incluso en Honduras.
En materia de derechos humanos y corrupción, los Estados Unidos bajo la administración Trump han abandonado muchos de sus compromisos, al retirarse de importantes mecanismos multilaterales de derechos humanos, recortar las funciones del Departamento de Estado en materia de derechos humanos y eliminar aspectos importantes de sus informes anuales de DDHH. Los recortes de la ayuda exterior también han afectado a importantes instituciones como la Organización de los Estados Americanos, sede del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mientras que la anunciada suspensión de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero permite que empresas estadounidenses participen en prácticas comerciales poco éticas y con mayor impunidad en el extranjero. Además, la ampliación prevista por la Administración de la explotación de petróleo y gas y los importantes recortes a las iniciativas de mitigación del cambio climático amenazan aún más a comunidades de todo el mundo, incluida Honduras, uno de los países más vulnerables al cambio climático a nivel mundial.