Boletín Mensual del Aguán - Marzo de 2026
Los movimientos populares resisten en medio de una reconfiguración del poder
Imagen del Río Aguán tomada desde la Cooperativa Tranvio (Crédito fotográfico: Seth Berry)
Tocoa, Colón - El mes de marzo estuvo marcado por la violencia, fallos institucionales e impunidad persistente en la región del Bajo Aguán de Honduras. Actores armados atacaron la Cooperativa Tranvío, continuando con un patrón de violencia que ha tenido como objetivo a Tranvío y a las cooperativas vecinas desde diciembre de 2024. El informe anual de derechos humanos de la ONU subrayó la gravedad de la crisis, revelando que 13 (el 70 %) de los 17 defensores asesinados en Honduras en 2025 eran campesinos del Bajo Aguán o familiares de estos. Mientras tanto, los asesinatos del líder campesino Santos Rivas y su hijo, así como la desaparición de Francisco Pascual López, siguen sin resolverse, lo que refleja la profunda impunidad que caracteriza a los más de 200 asesinatos en la región.
En el frente institucional y político, las organizaciones campesinas se movilizaron contra un proyecto de ley que socavaría la reforma agraria al privilegiar los intereses agroindustriales y criminalizar la protesta social. El retraso en el nombramiento de un nuevo director del Instituto Nacional Agrario (INA) suscitó críticas por parte de grupos campesinos preocupados por la parálisis de los procesos de titulación de tierras, lo que exacerba los conflictos en curso. El juicio politico en el Congreso contra el ahora exfiscal general reveló interferencias en el enjuiciamiento de los sospechosos del asesinato del defensor ambiental Juan López, aunque defensores de la region denunciaron la instrumentalización política del caso. Además, tras más de un año como prófugo de la justicia, el empresario Lenir Pérez compareció ante el tribunal para responder por los cargos de delitos ambientales.
Noticias Destacadas
Ataque a la Cooperativa Tranvío: El 1 de marzo, actores armados atacaron la Cooperativa Tranvío, donde viven más de un centenar de familias. En diciembre de 2024, el grupo armado «Los Cachos» desplazó por la fuerza a la Cooperativa Camarones y desde entonces ha intentado hacer lo mismo con las cooperativas vecinas de Tranvío y El Chile. Los ataques continúan a pesar de la detención y el enjuiciamiento de varios miembros de «Los Cachos» por sus ataques a las tres cooperativas.
Fotografía del piso de la tienda de consumo de la Cooperativa El Chile, luego de ser destruida por el grupo armado «Los Cachos» (Credito fotografico: Calan Institute)
Campesinos denuncian proyecto de ley que socava derechos agrarios: La Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras (ACAINPH) acudió al Congreso Nacional el 4 de marzo para denunciar un proyecto de ley titulado «Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras». En un comunicado, la Alianza denunció que la ley privilegia intereses empresariales agroindustriales y criminaliza la legítima labor de defensa social y de protesta. Señalan que muchas de las disposiciones del proyecto de ley son inconstitucionales y que, de aprobarse, comprometerían significativamente los objetivos de la reforma agraria prevista en la Constitución. Para un análisis más detallado, véase esta publicación de ContraCorriente.
ACAINPH en conferencia de prensa (Crédito fotográfico: Calan Institute)
Organizaciones internacionales visitan el Bajo Aguán: El 6 de marzo, la Plataforma Agraria recibió la visita de las organizaciones internacionales Peace Watch Switzerland (PWS) y la Iniciativa Cristiana Romero de Alemania. El grupo se reunió con instituciones regionales para reconocer los riesgos a los que se enfrentan las cooperativas organizadas con la Plataforma Agraria. El vocero de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas, manifestó que la organización quiere dejarle claro al nuevo gobierno hondureño que el movimiento de recuperación de tierras del Bajo Aguán es una lucha basada en los derechos, respaldada por la Constitución hondureña, las leyes nacionales y los tratados ratificados, así como por las recomendaciones formuladas a nivel internacional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a través del proceso de Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU. Rivas afirma que siguen comprometidos con la transformación de la región en un espacio de paz y desarrollo.
La ONU presenta su informe anual sobre derechos humanos: El 8 de marzo, la Plataforma Agraria tomó nota de la publicación del informe anual de la ONU sobre los derechos humanos en Honduras. El informe documenta que, de los 17 defensores de derechos humanos asesinados en 2025, el 70 % (13 personas) eran campesinos del Bajo Aguán o familiares de estos. El informe también denuncia los ataques contra tres cooperativas (Camarones, El Chile y Tranvío) y el desplazamiento continuado de más de 150 familias pertenecientes a la Cooperativa Camarones. Además, insta al Estado de Honduras a cumplir su compromiso de establecer una Comisión de la Verdad que investigue las violaciones de los derechos humanos en la región.
Presentación de informe de OACNUDH (Crédito fotográfico: OACNUDH)
Quinceavo aniversario de la desaparición de Francisco Pascual López: En mayo de 2011, Francisco Pascual López, miembro del Movimiento Campesino de Rigores, recibió varios disparos mientras se encontraba en la finca Paso Aguán y posteriormente fue desaparecido. El 10 de marzo, la familia de Pascual López, junto con organizaciones nacionales de derechos humanos, se reunieron en Tegucigalpa para informar sobre los avances en el caso. Las organizaciones señalaron que, a pesar de la labor de incidencia a nivel nacional e internacional, los investigadores estatales archivaron el caso el 31 de octubre de 2025 y reafirmaron la decisión el 9 de diciembre de 2025.
Doña Jovina López, lleva casi 15 años de no saber sobre el paradero de su hijo Francisco Pascual (Crédito fotográfico: Diario Colon HN)
Nombramiento del nuevo director del Instituto Nacional Agrario: El 13 de marzo, el Gobierno de Asfura nombró a Javier Talavera nuevo director del Instituto Nacional Agrario (INA). El nombramiento se produjo poco después de que organizaciones campesinas denunciaran que el puesto seguía vacante más de un mes después de la toma de posesión del presidente Nasry Asfura. Los grupos campesinos señalaron que la paralización del INA agrava aún más el retraso en las solicitudes de titulación y adjudicación de tierras que subyacen a muchos de los conflictos territoriales que afectan al país.
Impunidad por el asesinato de Santos Rivas: Han pasado tres años desde el asesinato del líder campesinoSantos Rivas y de su hijo Danny Javier Rivas. Sin embargo, según ContraCorriente, la investigación del Ministerio Público (MP) sigue en fase preliminar. Santos Rivas fue el fundador de la Empresa Asociativa Campesina de Producción (EACP) Gregorio Chávez. Su asesinato y el de su hijo se suman a los más de 200 asesinatos en el Bajo Aguán que siguen impunes.
Una brigada médica visita el Bajo Aguán: El 19 de marzo, una brigada médica compuesta por organizaciones internacionales e instituciones estatales visitó la Cooperativa El Chile para prestar atención médica urgente. La visita se produjo mientras los miembros de la cooperativa siguen corriendo un alto riesgo de sufrir ataques por parte de grupos armados que operan en la región.
Los políticos se apropian del asesinato de Juan López: En marzo, el Congreso recién elegido inició un proceso de destitución contra el ahora exfiscal general Johel Zelaya. El proceso reveló que durante su mandato, una fiscal anticorrupción fue removida tras intentar emitir una orden de detención contra Adán Funes, el exalcalde de Tocoa sospechoso de estar implicado en el asesinato del defensor del medio ambiente Juan López. El 26 de marzo, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicosdenunció la instrumentalización del asesinato de Juan López con fines políticos y señaló que, a pesar de la fingida indignación del gobierno actualmente, los autores intelectuales del asesinato de Juan López aún no han sido identificados ni procesados (véase aquí el comunicado). Organizaciones de derechos humanos han criticado el proceso de destitución como una maniobra antidemocrática para acaparar el poder.
Lenir Pérez comparece ante el tribunal: El 27 de marzo, el empresario Lenir Pérez compareció en una audiencia relacionada con los cargos penales que se le imputan por la explotación ilegal y el daño ambiental causado a la montaña de Botaderos «Carlos Escaleras». Los defensores ambientales de Tocoa denunciaron que, a pesar de haber sido prófugo de la justicia durante más de un año, el juez decidió permitir que Pérez se defendiera en libertad bajo condiciones más indulgentes que las de otros acusados. Como resultado, Pérez es libre de salir del país a pesar de enfrentarse a cargos penales. Esto contrasta fuertemente con el trato que los tribunales hondureños dieron a los ocho defensores de Guapinol, quienes, por su defensa de la montaña de Botaderos, fueron criminalizados y sometidos a detención arbitraria durante más de dos años.
Lenir Perez en audiencia de declaración de imputados (Crédito fotográfico: Radio Progreso)
Contexto Histórico
En la década de 1990, las medidas de ajuste estructural impulsadas por el Banco Mundial transformaron la región del Bajo Aguán, en el noreste de Honduras, lo que antes era una de las principales fuentes de frutas, verduras y cereales básicos del país en un monocultivo de aceite de palma africana destinado a la exportación a los insaciables mercados del Norte Global. En el transcurso de este proceso, miles de campesinos fueron despojados de sus fincas para dar paso a plantaciones masivas de palma, propiedad de unas cuantas familias pertenecientes a la élite hondureña.
Desde entonces, las cooperativas campesinas han llevado a cabo una lucha de varias décadas para recuperar sus tierras, sufriendo como resultado una violenta represión por parte de entidades empresariales y estatales. El periodo inmediatamente posterior al golpe de estado de 2009 fue especialmente brutal, cobrándose la vida de aproximadamente 150 campesinos en 2014. En los últimos años, muchos más han sido asesinados, desaparecidos y criminalizados. La gran mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad.
